MAS RESPETO CON LOS DINEROS PUBLICOS Y CON COLOMBIA

POR: RAMON PALACIO BETTER

Combatir la corrupción es y será siempre un innegable objetivo de legitimidad incuestionable. Claro que, para lograrlo hace falta mucho más que el mero enunciado de los buenos propósitos que expresan nuestros gobernantes. Además se requieren en primer lugar, conocer a profundidad los mecanismos que favorecen las practicas corruptas. Luego, tener la decisión política de aprovechar la información disponible para desactivar los sistemas que desnaturalizan la función del Estado y provocan los desvíos de enormes cantidades de dinero desde las arcas del tesoro publico hacia los bolsillos de los particulares.

En la administración de las instituciones publicas que incentivan la corrupción, se detectan de inmediato: la ausencia de unos controles adecuados, la falta de restricciones en la discrecionalidad de los funcionarios para disponer o solicitar recursos públicos y la falta de transparencia y visibilidad para el acceso publico a la información de lo que el Estado hace. Estos mecanismos se deben verificar durante las distintas etapas del procedimiento administrativo. En la planificación de las necesidades de la administración, se deben utilizar unos estudios técnicos, que determinen las cantidades y calidades que requiere cada gestión publica.

El poder ejecutivo nacional debe intervenir de inmediato con la mira puesta en desentrañar las practicas que impiden en nuestras regiones la transparencia de las gestiones publicas. En las ciudades del Caribe Colombiano, existen claros costados y túneles ampliamente vulnerables en la administración publica por donde se detectan evidentes irregularidades puntuales y raros procedimientos, por donde se cuela la corrupción y las delictivas practicas que la hacen posible. La falta de planes de compras coherentes, usos excesivos de la contratación directa, ausencia de modelos estándares y transparentes para la elaboración de los pliegos licitatorios, la tecnocracia, la contratocracia, la burocracia; y evitar así, beneficiar a unos cuantos y determinados proveedores, contratistas y amigos, exclusivamente.

El libre acceso que los funcionarios tienen hoy para acceder a los recursos públicos en dinero. Por lo visto, parece ser es el principal incentivo de la corrupción existente.

Por estas acciones, debemos mejorar las informaciones y accesos a estos a los recursos públicos, facilitando auditorias y serias veedurías que  protejan y acoten las posibles comisiones de irregularidades, que diseñan los corruptos. Obviamente, no hay ni existen métodos infalibles para prevenir las irregularidades de la corrupción y los delitos, ya sea en el sector publico o privado, pero si debemos contar con unos serios sistemas de prevención y severas sanciones, de manera que conviertan en estratégicos para lograr cambiar estas negativas practicas de corrupción enquistadas en nuestros sistemas públicos y privados durante largos años.

Es oportuno recordarle a la ciudadanía y también al gobierno de Andrés Pastrana, que en las ultimas elecciones la ciudadanía se manifestó en forma inequívoca, en contra de la corrupción y a favor de una administración Estatal honesta y transparente; que es tarea del gobierno como de la oposición cumplir con el mandato ciudadano que difundió por todos los rincones del país. La corrupción debe ser una de las principales preocupaciones de nuestros gobernantes, si bien es cierto que las Autoridades de Control han emprendido unas tareas inconfundibles para investigar, enjuiciar y castigar a los corruptos, también es muy cierto que la mayoría de ellos, aun andan por las ciudades del país, sin preocupación alguna.

De que nos sirven, las investigaciones y sanciones que se llevan a cabo para quienes cometen actos de corrupción administrativa, si las condenas son negociadas finalmente, restándole unos tiempos a la penalización que dispone originalmente la ley, al acogerse a sentencias anticipadas, colaboración con la justicia y otras cosas mas, para disminuirle considerablemente el tiempo real que debe estar en la cárcel, y poder salir lo mas pronto posible. No es justo. Al final del cuento solo asiste 3 a 6 años, y con toda la plata en el bolsillo al salir.

No hay ningún registro en la historia de nuestro país, de un consenso tan generalizado en cuanto a la necesidad de emprender unas políticas de Estado, eficaces, severas, ejemplarizantes y suficientes, para la lucha contra el uso privado de los Recursos Públicos y a favor de los Valores y Bienes que son de propiedad de todos los Colombianos, y no de unos cuantos corruptos. El compromiso con la transparencia en la función publica, pasada, presente y futura, es la principal esencia moral de las actuaciones del pueblo ante el Estado, y en donde los organismos de Control y Vigilancia Administrativa deben actuar sin dilucidación alguna, por tan vergonzosos hechos que impliquen a funcionarios públicos, ni tener ninguna posibilidad de tapar ningún otro hecho o denuncia, porque no implica un hecho de corrupción, o bien porque están fuera de su competencia, por lo cual son desestimadas, archivadas o remitidas al área competente.

Nuestro país, ni nuestras regiones ganaría nada con un control de corrupción dependiente o ineficaz. La sociedad Colombiana se vería derrotada en una batalla crucial y seria su principal víctima, como bien que ya hemos perdido inmensas fortunas en dinero y fundamentalmente en valores morales. Nunca antes y hasta ahora, la administración publica había sido sujeta a unos esquemas de control y vigilancia tan exhaustivos y públicos. En el éxito de estas instituciones anticorrupcion se cifra un anhelo, no de un gobierno sino de una sociedad. Y de esto participan, periodistas, funcionarios, legisladores y jueces, que han sabido estar hoy a la altura, en estas heroicas y convenientes tareas  de construir la nueva Colombia del respeto.

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SANTA MARTA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2000.