LOS MORALISTAS Y LA ETICA PUBLICA

POR: RAMON PALACIO BETTER

Un aforismo básico o una breve sentencia doctrinal en la lucha contra la corrupción, es la transparencia de los actos que realizan los funcionarios del Estado y la publicidad de la situación patrimonial como Servidores públicos, que van registrando año tras año. Es un acertado postulado ético y político constitutivo del orden republicano, que por supuesto incluye a todos los Poderes del Estado, sin excepciones de ninguna índole.

En Colombia la transparencia alcanza su consagración normativa al ser introducida en la Constitución Nacional, sin embargo, a pesar de estos elogios constitucionales, no es muy común en nuestro país, hablar de la Ley de Ética Publica. Ley, justamente destinada a implementar dicho mandato constitucional.

Es indudable que en nuestro país existe aun por todas partes, una cultura de la ilegalidad y de la inmoralidad, especialmente cuando se utilizan cargos públicos en provecho personal. Por ello, existe un generalizado reclamo de que se establezca un buen e igualitario sistema de control de la situación patrimonial de los funcionarios públicos, especialmente de mayor jerarquía.

El Poder Legislativo de Colombia durante el gobierno del presidente Samper, desarrollo un histórico debate en la Comisión de Acusaciones y Ética Publica de la Cámara de Representantes, de sí evidentemente entro o no entro, un elefante blanco a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Por ese entonces, finalmente, las opiniones quedaron muy divididas, porque quedo una dudosa sensación, no muy clara, ante el ingreso o no de los dineros provenientes del narcotráfico, supuestamente entregados a espaldas de Samper y del ex ministro Serpa hoy embajador de Colombia en la ONU; Evidentemente las cosas no se ajustaron a la realidad, por un lado, el exministro Botero quien supuestamente se llevo la plata al exterior y por el otro el también el exministro Medina, testigo de esto y quien también administraba la campaña, acuso o denuncio públicamente a los sindicados, lamentablemente muere en la cárcel; hoy como todo cuento alegre, no paso nada y andan alegres, libres y felices como la luz perpetua: Sin embargo, desde entonces los postulados que enarbolan la ética publica, han quedado en medio de una gran cortina de humo, que nunca dejo ver mas allá de lo que ciertamente ocurrió, en esa recordada y convulsionada campaña presidencial, presumiblemente auspiciada con dineros procedentes del narcotrafico.

Reconocidos reformadores y estudiosos del Estado colombiano consideran que esta importante Comisión del Congreso, debe impulsar con mas rigor la Ley de ética publica y fortalecerla mucho más en su interior, componerla, no solamente por legisladores, también allí deben estar compartiendo la Comisión de Ética Publica, Nacional, el Procurador General de la Nación, Un Representante de las Altas Cortes, El Fiscal Nacional, el Contralor General de la Republica, Un Miembro del Ejecutivo de Gobierno, señalado por el presidente de la Republica.

La Comisión deberá tener la facultad de recibir y hasta de exigir la presentación de declaraciones juradas del patrimonio de los funcionarios requeridos y pertenecientes a cualquiera de los Poderes del Estado, garantizando la accesibilidad publica de dichas declaraciones, para que el país o mejor sea dicho, para que el pueblo colombiano se entere y este informado, de los seguimientos y debates de esta Comisión Nacional de Ética Publica, que deberá realizar ante quienes atentan encaretados como piratas cubriéndose sus rostros para robarse los dineros del tesoro publico de la nación.

La Comisión de Ética Publica Nacional, deberá ser garante y a la vez ejemplo ante la ciudadanía del respeto al orden republicano existente maltratado; también deberá ser la única capaz de recibir, de dar a conocer las declaraciones patrimoniales juramentadas de todos los funcionarios o Servidores de los distintos Poderes existentes en la Republica de Colombia, sin excepciones de ninguna índole.

Vistas las cosas así, pareciera que, en función de los principios de igualdad de obligaciones y de la transparencia, es razonable y prudente en el ejercicio de esta potestad que pueda tener la Comisión, para que el pueblo pueda acceder al contenido de cualquier declaración patrimonial de un funcionario implicado, investigado o acusado.

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SANTA MARTA, SEPTIEMBRE 24 DEL AÑO 2003.