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Entregó retablo en Tubará.

From: Leonor De la Cruz /El Heraldo
Date: 10 Sep 2001
Time: 04:27:54
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~Edición Digital 1704. Barranquilla, Lunes 10 de Septiembre de 2001.

La Ministra de Cultura Araceli Morales hizo entrega formal del retablo de la iglesia de San José de Tubará. En el acto que se llevó a cabo en la mañana del sábado, manifestó que desde que llegó al Ministerio venía hablando de este proyecto y hoy se siente muy contenta de ver realizado este trabajo. Señaló que “el Ministerio de Cultura viene trabajando en el rescate de nuestra memoria y con la restauración del retablo se está recuperando esa memoria para saber de donde venimos, que somos y que queremos ser”. El retablo data de 1740 y es considerado Patrimonio Religioso, Histórico y Cultural tanto del Municipio de Tubará, como del Departamento del Atlántico. “Aprovecho este espacio para comentar que en el comité del Consejo Nacional de Monumentos se ha estado hablando sobre la improtancia de declarar de interés cultural y nacional a la población de Tubará. Eso está en conversación, con conceptos favorables y espero que salga positivo, porque realmente el entorno cultural de este asentamiento indígena sería muy importante proyectarlo no solo a nivel Departamental sino Nacional”, dijo. Expresó que se lleva las inquietudes del Alcalde de Tubará León Barraza Molina sobre la Casa de la Cultura y sería bueno que se presentara ante el Fondo Nacional de Regalías por la viabilidad del Ministerio de Cultura, “porque soy una convencida aunque el Ministerio de Cultura y todos los Ministerios están con esa crisis fiscal que tenemos en Colombia lo que hay

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Despejando ambigüedades.

From: ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.
Date: 27 Apr 2003
Time: 18:40:21
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Mi actividad política, por así llamarla, está reducida a coronar con éxito el intercambio de los prisioneros de guerra retenidos y a colaborar con el Gobierno en el pleito con Nicaragua. Estos dos temas quiero dejarlos en blanco y negro, en la forma más sintética posible, empezando por la cuestión de Nicaragua, que va cobrando cierta actualidad. El gobierno sandinista había declarado, por sí y ante sí, la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas, de 1928. Quienes no están familiarizados con el lenguaje jurídico, ignoran el alcance de la expresión “no existen nulidades de pleno derecho”, o sea, que toda nulidad para ser tal, necesita haber sido declarada por un Tribunal o por una Corte. Fue una de las respuestas del Canciller Uribe Vargas ante la peregrina declaración de Managua. Cuanto sucede en la actualidad, así no se diga en forma explícita, es que Nicaragua está buscando la declaración de nulidad ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con lo cual atiende el reparo de Colombia, poniéndole remedio a su error anterior. Una demanda en este sentido mal puede prosperar, pero intentarla no es un delito, ni un acto ilícito, sino simplemente un acto temerario. El Artículo 6o. del Pacto de Bogotá (1948), le niega competencia a la Corte para desconocer los tratados públicos, máxime cuando tienen más de medio siglo de vigencia. La Cancillería de Managua lo sabe, pero así como no aspira a una revisión de nuestra soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Serrana, Serranilla, etc., considera viable una reconsideración del Meridiano 82 como límite marítimo entre las dos naciones, en virtud de que, para 1928, la soberanía territorial sólo se extendía a las doce millas, y si esto fuera una cuestión susceptible de ser tratada exclusivamente a la luz del Derecho del Mar, podría presentarse una luz para Nicaragua con el reconocimiento de nuestro dominio sobre el Archipiélago que tuviera para la Corte como compensación el debate sobre el Meridiano 82. Algunos compatriotas aluden a la modificación del Tratado por parte de la Corte, cuando Nicaragua no aspira a ninguna modificación, sino a su anulación, que podría abrir el camino a que se nos invitara a negociar los límites marítimos, lo cual es el verdadero anhelo de Nicaragua. A este respecto y con posterioridad a su demanda ha surgido el intento de introducir un nuevo elemento jurídico, adjudicando por licitación concesiones petrolíferas en el sector en disputa. No se trata de multinacionales sino de empresas casi anónimas, desconocidas en el medio. Una sentencia del 2002, en el litigio entre Camerún y Nigeria sobre la delimitación marítima entre estos dos estados, que tiene alguna semejanza con nuestro litigio, descarta en forma enfática el atribuirle cualquier incidencia jurídica a la presencia de pozos petrolíferos que se citaban como prueba de posesión histórica. Sea de ello lo que fuere, es abusiva la adjudicación cuando, simultáneamente, y por iniciativa de la Cancillería de Nicaragua, se le ha sometido a la Corte la definición del litigio. Es introducir en el juicio un factor de perturbación que pretende anticiparse al fallo y que, posiblemente, Colombia pondrá de presente ante los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. EL INTERCAMBIO HUMANITARIO El caso del convenio humanitario para el canje de prisioneros tiene alguna similitud con el anterior. Colombia adhirió al Protocolo II, complemento de los Acuerdos de Ginebra de 1949, en 1977, e incorporó a su legislación el Derecho Internacional Humanitario, con todas sus consecuencias. La principal es la de que el D.I.H. prima sobre las Leyes y la Constitución Nacional, y los Convenios Especiales, de inspiración humanitaria, no pueden ser cuestionados a la luz de nuestro Derecho interno. Y, algo más: dichos convenios humanitarios, que rigen por igual en los conflictos armados internacionales y domésticos, no dependen del estado de las operaciones militares, ni de los avances en el proceso de paz, ni de la inminencia o desplome de proyectos de armisticio. Los convenios humanitarios tienen como única condición estar inspirados en principios y objetivos humanitarios. Como tales, no definen quién va ganando o quién va perdiendo, ni quieren evaluar como concesiones de los buenos a los malos los acuerdos a que se llegue, sino que, precisamente, por razones humanitarias, aspiran a que se pasen por alto recriminaciones y descalificaciones que entorpecerían un acuerdo mano a mano, de igual a igual, lo cual, en sentir de muchos a quienes contraría, es el tono propio de este género de operaciones. Basta recordar que hay un sólo artículo, el 3o., común a todos los Acuerdos de Ginebra, que rige tanto para lo internacional como para lo nacional y se aplica a esta clase de convenios. Aún antes del D.I.H. los estados en guerra intercambiaban prisioneros o espías, para lo cual tenían que deshacerse de sus convicciones íntimas y proceder impasibles, limitándose a fijar las condiciones de tiempo, lugar y número de canjeables, o sea, el diseño del operativo. Un paso de esta índole podría equipararse a la iniciativa de votar por un candidato conservador, en la Convención Liberal del año 1957, cuando, pasando por alto los años de la violencia, el asesinato de Gaitán y otros distinguidos militantes, y prácticas abominables, como el “corte de franela”, los partidos tradicionales llegaron a un consenso que les permitió derrocar conjuntamente a la Dictadura. Tan memorable en la carrera de Alfonso López Pumarejo, como cualquiera de los múltiples episodios de su vida pública, es la evocación de tal antecedente lo que me induce a pensar que los prejuicios más arraigados son superables cuando está de por medio la salud de la Patria. Admito que no es nada fácil conseguir que la opinión pública acepte un tratamiento de igual a igual entre el Gobierno y la guerrilla para efecto de suscribir el acuerdo humanitario ajeno, de suyo, al estado del conflicto armado y a la contraposición ideológica. Ambos contendientes son dueños de principios que regulan su conducta y creen, o fingen creer, poseer la verdad absoluta y, por sobre todo, cada uno abriga la convicción de pertenecer a los buenos frentes a los malos, que son sus contrarios. La clave del éxito de un convenio humanitario reside en desprenderse de estas posiciones rígidas y limitarse a aplicar el D.I.H. Ninguno de los contendientes puede aspirar, en el texto del convenio, a imponerle condiciones deprimentes o humillantes al otro, si no está dispuesto a aceptarlas en su propio caso. Sucede, por ejemplo, con el compromiso para los liberados de la subversión, de no regresar a sus filas, reservándose el Estado el derecho de reincorporar a los soldados y a los policías a la fuerza pública. La reacción inmediata es la de rechazar semejante planteamiento, pero cuando se examina el alcance del D.I.H. se llega a la conclusión de que no puede ser instrumento para darle el status de vencedor a los unos y de vencidos a los otros, sino que se reduce a atenuar los efectos del conflicto armado sobre terceros no combatientes y uno acaba por comprender algo que, a primera vista, choca contra nuestros sentimientos. Obviamente, compromisos como el de no secuestrar, u otros delitos semejantes, están sobre entendidos. ¡No faltaba más sino que fueran materia de convenios! Inversamente, la exigencia de garantías de aseguramiento, que los periodistas traducen de “despeje”, asocia este concepto con el del Caguán y despierta una reacción semejante a la anterior. A mi entender, lo que falta por establecer en la situación actual es un plazo, que puede ser de un mes, para pactar el acuerdo humanitario, fijando el lugar y la fecha para suscribirlo, si es que existe un deseo sincero de llegar a una situación satisfactoria para ambas partes. ~Tomado de El Heraldo-Editorial.Barranquilla, Domingo 27 de Abril de 2003.